La Oficina del Auditor General de la Unión de Myanmar: fortaleciendo los mecanismos de auditoría financiera para mejorar la Gestión de las Finanzas Públicas
Autor: Oficina del Auditor General de la Unión de Myanmar
Introducción
En el contexto de las reformas políticas, económicas, sociales y administrativas actualmente en curso en Myanmar, crecen las expectativas de la población sobre un uso efectivo de los recursos de titularidad pública y la gestión racional de las finanzas públicas por parte del gobierno.
Todos los departamentos y organismos gubernamentales están trabajando con empeño para respaldar el desarrollo nacional y satisfacer los anhelos de la ciudadanía. En sintonía con ello, la Oficina del Auditor General (OAG) de la Unión se define como una institución que salvaguarda y promueve los intereses públicos, situando las prioridades nacionales y el bienestar de los ciudadanos en el centro de su misión. En su calidad de Entidad Fiscalizadora Superior (EFS), desempeña un papel crucial en la supervisión de la implementación de programas y actividades gubernamentales de cara a garantizar que alcancen los resultados previstos y contribuyan a la mejora de la gestión de las finanzas públicas. El compromiso de la OAG es ejecutar las auditorías con la máxima profesionalidad y eficiencia, poniendo especial énfasis en servir al interés público.
Responsabilidades de fiscalización de la OAG
Los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los departamentos gubernamentales y organismos del sector público, a la par que la actuación de los funcionarios, deben regirse por los principios de la responsabilidad y la transparencia. ‘Transparencia’ significa que el público está informado sobre cómo se usan los fondos públicos y cuál es el desempeño de las organizaciones. ‘Responsabilidad’ quiere decir que quienes se encargan de gestionar los recursos públicos deben rendir cuentas de sus actos y adoptar medidas correctivas cuando sea necesario. Estos principios son primordiales para la gestión efectiva y responsable de las finanzas públicas.
La OAG, junto con las oficinas de auditoría regionales, es la responsable de informar sobre el grado en que las personas y organizaciones sujetas al deber de rendición de cuentas han hecho un uso provechoso de los recursos públicos confiados a las entidades estatales. Así, la OAG provee una supervisión externa crucial a efectos de fortalecer el sistema de gestión de las finanzas públicas. En cada ministerio y organismo, los estados financieros son preparados por sus respectivos contables y emitidos con la aprobación de la dirección. Los auditores son los responsables de examinar la exactitud e integridad de estos estados financieros y de toda la información presupuestaria relacionada a través de la revisión de la documentación y los justificantes correspondientes. Tras ello, deben expresar una opinión de auditoría sobre si los estados financieros se presentan de forma fiel, en todos los aspectos materiales, y de acuerdo con el marco de informes financieros aplicable.
Marco legal de la auditoría
Con objeto de respaldar la ejecución efectiva de las responsabilidades propias del auditor, en 2010 se promulgó la Ley del Auditor General de la Unión, que posteriormente fue modificada en 2013, 2014 y 2018. Estas modificaciones fueron introducidas para hacer frente a las necesidades y retos emergentes y mejorar la detección y el monitoreo oportuno en materia de despilfarro, desvío, daños, pérdidas y uso indebido de fondos públicos; de promover la colaboración ciudadana en los procesos de auditoría; de salvaguardar el interés público; de reforzar la efectividad de las actividades de auditoría; y de asegurar la armonización con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y las mejores prácticas internacionales.
La OAG lleva a cabo su labor de auditoría con arreglo a la Ley del Auditor General de la Unión. Tal y como se estipula en la sección 11 de dicha ley, la responsabilidad primordial del Auditor General de la Unión es auditar las cuentas de ingresos y gastos de la nación. Dicha sección 11 enumera un total de 27 obligaciones específicas al respecto. Para desempeñar estas atribuciones eficazmente, la OAG ha trazado una visión clara, ha definido sus tareas y ha formulado las políticas y estrategias pertinentes. De este modo, la OAG ejecuta sus procesos de fiscalización con competencia y eficiencia, en consonancia con las expectativas de la ciudadanía de una buena gobernanza y un ‘gobierno limpio’.
Reforma de la OAG
En el marco de sus esfuerzos de reforma, la OAG ha puesto en marcha varias iniciativas clave. Entre ellas, la modificación de la Ley del Auditor General de la Unión para reforzar el marco legal; la delegación de mayores responsabilidades a los Auditores Generales regionales y estatales y también a los auditores a fin de potenciar la supervisión descentralizada; la formulación de Planes Estratégicos para 2018-2022 y 2023-2027; la realización de esfuerzos para adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría; y la participación en iniciativas de reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas.
En 2025, la OAG había establecido 410 oficinas de auditoría en todo el país, incluidas las oficinas regionales y estatales del Auditor General, así como la Oficina de Auditoría de Nay Pyi Taw. Con una plantilla de 3.651 auditores y 851 no auditores, que suman un total de 4.502 personas, la OAG es responsable de auditar 16.304 entidades en todo el país.
Auditoría financiera y supervisión del presupuesto por parte de la OAG
De conformidad con las disposiciones de la Ley de Presupuestos de la Unión, la OAG deberá auditar las cuentas de ingresos y gastos de la Unión; comprobar si se han tomado medidas para recaudar la totalidad de los ingresos consignados en las previsiones presupuestarias; y verificar si los fondos aprobados en dichas previsiones se utilizan de manera efectiva. Asimismo, deberá presentar un informe al menos una vez al año y, cuando se produzcan situaciones inusuales, de forma puntual, a la máxima autoridad del Estado.
En virtud de la Ley del Auditor General de la Unión, la OAG y las oficinas de auditoría de los distintos niveles examinan si los ingresos recaudados de los ciudadanos, otras fuentes de ingresos y las subvenciones o préstamos extranjeros recibidos durante el ejercicio fiscal se emplean de la manera más rentable, eficiente y efectiva posible en beneficio de la nación. Además, valoran y comunican en qué medida estos fondos contribuyen al interés público y nacional. Los criterios de auditoría para la evaluación y valoración en el marco de las fiscalizaciones se derivan de la Ley de Presupuestos de la Unión, la Ley de Presupuestos de las Regiones o Estados, la Ley de Planes Nacionales, la Ley de Planes Regionales, la Ley Tributaria de la Unión, la Ley de Gestión de la Deuda Pública y las normas, regulaciones, notificaciones y directivas financieras pertinentes en materia presupuestaria.
Cuando se reportan hallazgos de auditorías que no se ajustan a los criterios establecidos, el Presupuesto de la Unión es sometido a evaluación para determinar si los organismos a nivel de la Unión lo están utilizando de forma transparente y eficaz. Los hallazgos son remitidos anualmente a la máxima autoridad del Estado. Del mismo modo, se procede a la valoración de los presupuestos regionales/estatales con el fin de determinar su uso transparente y efectivo por parte de los organismos regionales/estatales, y los correspondientes hallazgos se remiten a los respectivos gobiernos regionales/estatales.
Un paso más allá de la auditoría financiera
Antes, la OAG realizaba auditorías financieras, de cumplimiento y de rendimiento para valorar la efectividad, la eficiencia y la economía de las operaciones gubernamentales. Ahora, el alcance de sus auditorías se ha extendido para incluir auditorías en tiempo real, que permiten detectar con mayor rapidez las irregularidades durante los procesos en curso, y auditorías de tecnología de la información (TI), que evalúan la fiabilidad, la seguridad y la efectividad de los sistemas de información gubernamentales.
Más allá de su labor de auditoría, la OAG ofrece un singular servicio de asesoramiento que consiste en facilitar a las entidades gubernamentales comentarios y recomendaciones sobre asuntos contables y financieros, regulaciones y procedimientos financieros, así como sobre el proceso de contratación pública, siempre con el objetivo de fortalecer la gestión de las finanzas públicas. Este asesoramiento proactivo, disponible previa solicitud, ayuda a las entidades a evitar problemas, mitigar riesgos, mejorar los resultados y aprovechar las oportunidades en el desarrollo de nuevas políticas, procedimientos, proyectos u otras iniciativas. Además, garantiza el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las regulaciones establecidas.
Por su parte, el Instituto de Contabilidad y Auditoría Avanzadas, adscrito a la Oficina del Auditor General (OAG), ofrece cursos de capacitación en contabilidad, incluidos programas sobre el Diploma en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y el Diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). También las oficinas regionales y estatales del Auditor General imparten formación básica en contabilidad. Estas iniciativas de formación buscan formar a contables profesionales respetuosos con las normas éticas y que sean capaces de promover una mayor transparencia en la información financiera dentro de los organismos gubernamentales. En el mismo orden de cosas, el personal de la OAG ha recibido capacitación en auditoría financiera basada en las ISSAI a fin de realizar sus auditorías y elaborar sus informes de conformidad con estas normas internacionales. Como resultado, las auditorías financieras basadas en las ISSAI pasaron a llevarse a cabo en el 100 % de las oficinas de auditoría a partir del ejercicio fiscal 2022-2023, tras haber desarrollado un plan de implementación a escala nacional e iniciado su ejecución en la práctica. Y la OAG como tal contribuye a la creación de capacidades elaborando el programa de estudios de contabilidad y auditoría para la Academia de Gestión Financiera Pública, dependiente del Ministerio de Planificación y Finanzas, y asignando profesores para impartir estas materias.
Conclusión
Las auditorías financieras contribuyen a garantizar un uso transparente de los fondos públicos y favorecen, por tanto, la prevención de la corrupción, minimizan las pérdidas y el despilfarro, y consolidan la confianza pública. Consecuentemente, Myanmar está promoviendo la transparencia en las prácticas financieras en aras del desarrollo sostenible, mientras que las mejoras progresivas en materia de gobernanza siguen fortaleciendo la gestión de las finanzas públicas.
